Impulsan iniciativa "3 de 3" contra la violencia de género: No más agresores en el poder
Durante la conferencia "Eres 8M", especialistas y activistas urgieron a romper la normalización de la violencia y garantizar que ningún deudor alimentario o agresor sexual ocupe cargos públicos.
AGUASCALIENTES. – En el marco de la jornada "Eres 8M", la precursora Yndira Sandoval presentó un análisis profundo sobre la ley "3 de 3 contra la violencia", una propuesta que busca transformar las reglas del acceso al poder en México. El eje central es contundente: cerrar el paso a cargos de elección popular y funciones públicas a quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales o hayan ejercido violencia en el ámbito familiar o público.
La democracia no admite agresores
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue el cuestionamiento a la calidad de la democracia actual. Las ponentes señalaron la incongruencia de permitir que individuos que vulneran los derechos básicos de sus familias o de terceros lleguen a ser mandatarios. Se enfatizó que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el derecho a la alimentación, deben ser considerados una regla electoral innegociable.
En este sentido, se denunció que la pensión alimenticia a menudo es malinterpretada como un "castigo" financiero, cuando en realidad es una obligación humana fundamental. Se citaron casos de alto perfil, como el del ministro Góngora Pimentel, para ilustrar cómo el abuso de poder ha sido utilizado históricamente para evadir responsabilidades familiares y litigar custodias como medida de presión.
De la falta administrativa al delito
La conferencia hizo un llamado enérgico a dejar de minimizar las agresiones. Se subrayó la necesidad de llamar "delincuentes" a quienes incumplen con sus responsabilidades, acosan o violentan, dado que estas conductas están tipificadas como delitos en el código penal.
"La sociedad ha normalizado actos que son, por definición, crímenes", se mencionó durante el evento. A pesar de contar con marcos legales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo alimentada por la impunidad y el fuero.
Una iniciativa sin distinción de colores
Las organizadoras aclararon que la "3 de 3" no tiene una "dedicatoria" personal ni partidista. Por el contrario, es un estándar ético y legal que se pretende aplicar a nivel federal, estatal y municipal, sin importar el método de acceso al cargo o la afiliación política.
El objetivo final es desmantelar la sensación de invulnerabilidad de la que gozan ciertos actores públicos. "Quien violenta en lo privado, no puede representar lo público", fue la consigna que cerró la sesión, dejando claro que la iniciativa busca ser una herramienta efectiva para combatir la impunidad sistemática que aún prevalece en las instituciones.
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